La suciedad debajo de la alfombra puede ser tanta que, en algún momento, empieza a notarse. Es lo que ocurre con la montaña de demandas contra la Argentina que están radicadas en tribunales internacionales. Se trata de una potencial factura multimillonaria que pasa de mano en mano entre gobiernos. Sin distinción de colores políticos, todas las administraciones buscan lo mismo: demorar el pago todo lo posible mediante la presentación de recursos judiciales que estiren su cumplimiento.

LA NACION le puso nombres y montos a pagar a esta amenaza latente contra las cuentas públicas. Son, en total, 236 pleitos contra el país por incumplimientos de acuerdos de todo tipo. Entre ellos, remanentes de deuda pública impaga, cambios en las regulaciones locales con el presunto interés de sacar ventaja, estatizaciones desordenadas y ruptura de contratos de servicios públicos, un lastre imperecedero con el que la Argentina carga desde la crisis de 2001.

Expresado en dinero, el número es muy gráfico. Una cuenta muy conservadora arroja que el país enfrenta demandas en tribunales internacionales por casi US$27.000 millones, entre las que tienen montos determinadas. Hay muchos otros casos en los que aún no se definió el monto, de manera que puede ascender.

A modo de ejemplo, esa cifra representa un monto similar a las reservas brutas que tiene el Banco Central, o el 60% del dinero que el país le debe al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La cifra surge de sumar las querellas en las que trabajan la Procuración del Tesoro (PTN) y el Servicio Jurídico del Ministerio Economía, y el juicio por YPF. En los dos primeros casos, se tomaron solo los pleitos que tienen montos determinados. Eso deja afuera un universo importante de demandas cuya cifra aún no fue establecida, según la información que figura en los registros oficiales.

LA NACION obtuvo la información en respuesta a un pedido de acceso a la información pública con datos disponibles hasta el 27 de enero último. Demandas en la Dirección Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro