La preocupación va en aumento. En medio de los intentos del ala política del gobierno nacional de involucrar a los miembros de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado dentro de nuestras fronteras, una importante violación a la seguridad informática sucedió días atrás.

El martes 13, el Ejército publicó un comunicado oficial en el que afirmaba que había recibido varias alertas sobre una brecha de seguridad informática que aún hoy se investiga.

Según trascendió desde fuentes castrenses, al menos 50.000 documentos de militares argentinos fueron infiltrados y hackeados por expertos en estas operaciones. Las autoridades remarcaron rápidamente que “...la investigación preliminar indica que podría tratarse de acceso a datos de carácter administrativo que no comprometerían las capacidades operativas de la fuerza”.

Sin embargo, el verbo comprometer conjugado en su uso potencial, es precisamente lo que genera que las versiones empeoren hora tras hora mientras no se conozca cabalmente el alcance del hackeo al Ejército nacional.

En principio, los técnicos de la empresa Birmingham Cyber Arms, advirtió a las autoridades de Defensa que estaban vendiendo datos de 50.000 uniformados de la Argentina.

Birmingham, tiene una página web, mefiltraron.com que se dedica a los análisis de hackeo a nivel mundial. “Somos un grupo internacional de investigadores de ciberseguridad trabajando en una enciclopedia de amenazas digitales enfocada en Latinoamérica y conflictos globales. Documentamos la mayor cantidad de incidentes de seguridad y actores maliciosos en la región en forma pública y gratuita”.

El periodista Daniel Romero fue de los primeros en alertar acerca de la situación y explicó que “...la información comprometida, incluye números de DNI, destinos de servicio, registros de viajes, domicilios familiares y certificados académicos, fue publicada en la web sin que ninguna dependencia del Estado reaccionara a tiempo. Recién tras la publicación en Total News Agency, el Ejército presentó una tímida explicación, “fechada el 13 mayo” que no cierra con el “desconocimiento” inicial, si bien aseguraron, aunque se notificó a la justicia el día 8 de mayo.”