Mientras el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad oscila en la discusión política, en la administración libertaria de Javier Milei continúan con el plan de acción para revisar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) que fueron otorgadas durante gestiones anteriores, bajo la hipótesis oficial de que hubo una irregularidad manifiesta en el otorgamiento de un número importante significativo de estas.

El Gobierno tomó la decisión de continuar con la suspensión de estas pensiones. Esto se deduce de una licitación iniciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicada el 30 de julio en Compr.Ar, el portal de licitaciones de la administración pública, el cual hace un llamado para la contratación de 720.000 servicios postales destinados al envío de cartas documento en todo el territorio argentino.

La ronda de revisión de pensiones fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en febrero de este año. Allí informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI se encargarían de liderar la logística para el envío de cartas documento para llegar a cada uno de los beneficiarios de las 1.013.400 pensiones que estaban habilitadas hasta entonces. En ese operativo se les iban a requerir los documentos obligatorios que justificaban el otorgamiento de esa prestación, para determinar quienes no los cumplían y darlos de baja.