Mientras en los Estados Unidos el presidente Javier Milei mantiene una serie de reuniones con líderes mundiales y celebra los nuevos préstamos de organismos internacionales para sostener el programa económico, en la Argentina la oposición continúa atacando a su gestión y busca avanzar con la remoción del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En el Congreso, varios bloques presentaron en las últimas horas una moción de censura contra el funcionario, al acusarlo de no estar cumpliendo con la ley de emergencia en pediatría que la gestión libertaria debió promulgar luego de que se rechazara su veto.

Si bien fue publicada en el Boletín Oficial, en el Decreto correspondiente se aclaró que la norma no va a ser implementada hasta que los legisladores especifiquen de dónde saldrá el financiamiento para los aumentos que prevé.

Tanto en Diputados como en el Senado, la oposición consideró que Francos, por ser el ministro coordinador, no está cumpliendo con su deber de respetar las decisiones parlamentarias, por lo que piden, en primer lugar, su interpelación y, en última instancia, su salida del Gobierno.

Para hacerlo, se amparan en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que es uno de los mecanismos de control que se incorporaron en la reforma de 1994 y establece que el Jefe de Gabinete, figura que también fue creada en ese año, “puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”.

No obstante, en la Casa Rosada consideran que esta es “una medida puramente electoralista” y aseguran que la oposición “no tiene argumentos válidos como para solicitar algo así”.

“Es una diferencia de criterios entre dos poderes del Estado, porque no es que nosotros decimos que no vamos a aplicar la emergencia en discapacidad porque no queremos hacerlo, sino porque la ley de financiamiento dice explícitamente que todo proyecto votado en el Congreso que implique un aumento del gasto debe especificar de dónde sacará los recursos, lo cual no pasó en este caso”, indicó una fuente de Balcarce 50.

Además, las autoridades nacionales confían en que los gobernadores, con los que están retomando las conversaciones luego de un periodo de tensiones, “no van a permitir que se lo eche”.

“Hay que ver si a las provincias les conviene que se ponga a otro interlocutor, porque hasta el momento Francos siempre se mostró abierto al diálogo”, remarcan.