El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno insistirá con la ley para que los argentinos vuelquen al sistema sus dólares del colchón. Además, tendrá prioridad: el proyecto será enviado al Congreso a partir de diciembre, en conjunto con el Presupuesto, y antes de que se traten reformas estructurales, como la laboral y la tributaria.

“Primero vendrá el presupuesto y el perdón fiscal”, afirmó Caputo en una entrevista televisiva. Luego será el turno de la reforma tributaria y la laboral, mientras la previsional quedará posiblemente para el próximo gobierno.

Oficialmente, el proyecto oficial para incentivar el uso de los dólares del colchón se llama “Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario”, también conocido como “inocencia fiscal”.

El objetivo del Gobierno es que la remonetización de la economía se produzca tanto en dólares como en pesos, sobre todo luego de la histórica dolarización de carteras que hubo en la previa electoral.

Según un informe del Banco Central, el 40% de los pesos en circulación se destinó a la compra de divisas, equivalente a unos US$ 25.000 millones. Se trata del mayor nivel de dolarización previo a una votación desde 2007, según un informe presentado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

Sin embargo, hay dudas de si efectivamente esos dólares se usarán para transaccionar. Actualmente, las últimas desregulaciones permitieron que los comercios puedan exhibir sus productos en dólares y también cobrarlos en esa moneda.

En una de las principales compañías de medios de pago revelaron que tan solo se realizan pagos con tarjeta de débito por US$5 millones por mes. “Es incipiente aún”, afirmó un importante ejecutivo de la compañía.

Por el momento, la posibilidad del bimonetarismo se da sobre todo en el sector turismo, con familias que vienen desde el exterior y pagan con débito en dólares. Todavía no se observa una adopción para las compras locales, incluso en bienes para los que se ahorra en dólares, como los autos.

El proyecto, conocido como “inocencia fiscal”, es una iniciativa que apunta a redefinir la relación entre el Estado y los contribuyentes.

El objetivo central es simplificar los procesos impositivos, bajar la conflictividad judicial y promover la regularización voluntaria de los contribuyentes, en especial de aquellos que tienen dólares fuera del sistema financiero. En la práctica, el esquema les permitiría reingresar esos fondos sin multas ni sanciones penales.

La iniciativa introduce tres grandes reformas: en el procedimiento, en el régimen penal tributario y en las declaraciones impositivas.

Con respecto al régimen penal tributario, la propuesta actualiza los montos que determinan los delitos fiscales, hoy desactualizados. Por ejemplo, el piso para la evasión simple subiría de $1,5 millones a $100 millones, y para la evasión agravada de $15 millones a $1.000 millones.

También se incorpora un mecanismo que permite extinguir la acción penal si el contribuyente cancela la deuda e intereses antes de que se formule la denuncia. Si el proceso ya se inició, podrá cerrarlo con el pago total más un 50% adicional dentro de los 30 días. Esta posibilidad solo podrá usarse una vez por persona o empresa.

Otra parte clave del texto apunta a reducir los plazos que tiene el Estado para revisar y reclamar impuestos. Se propone un esquema de tres, cinco o diez años, según el nivel de cumplimiento del contribuyente. Quienes presenten sus declaraciones en tiempo y forma podrían acceder al plazo más corto.

Además, se incorpora la figura de la “discrepancia significativa”, que limita cuándo el fisco puede reabrir períodos ya prescriptos. Esto busca dar mayor previsibilidad y acotar la discrecionalidad de la AFIP.

A su vez, se crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para personas físicas con ingresos de hasta $1.000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones, que podrán aceptar una declaración prearmada por el fisco. Con ese trámite quedarán liberadas de otras obligaciones por ese período.