Gremios docentes y no docentes universitarios comenzaron este miércoles un paro total de actividades por 72 horas. La medida de fuerza se da ante la demora de la aplicación de Ley de Financiamiento y la convocatoria a paritarias.

“Ante el deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno nacional, la federación exige la convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, sostuvieron desde la Conadu Histórica.

En tanto, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) advirtió que el inicio del curso lectivo 2026 podría verse afectado si la gestión de Javier Milei “no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario", y junto al Frente Sindical Universitario judicializarán “el reclamo por la apertura de paritarias”.

Uno de los principales reclamos de los gremios es la demora en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la pérdida salarial de los trabajadores universitarios. La medida de fuerza inició este miércoles 12 y finalizará el viernes 14 de noviembre.

A continuación, las cuatro claves del paro universitario, según Conadu:

• Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario;
• Urgente convocatoria a la paritaria docente nacional;
• La restitución del Fonid y el pago de las sumas adeudadas;
• El aumento del presupuesto para infraestructura de las universidades.

El Gobierno promulgó la ley financiamiento universitario (Ley 27.795) el pasado 21 de octubre, luego de que el Congreso rechazara los vetos del presidente Javier Milei.

Pero su ejecución quedó suspendida hasta que se determinen las fuentes de financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, tal como establece el artículo 5° de la Ley 24.629.

La Ley 27.795 busca asegurar la continuidad y sostenimiento de la educación universitaria pública. Entre sus principales medidas se destacan:

• Actualización automática de los presupuestos universitarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
• Recomposición salarial de docentes y no docentes, que debe garantizarse con carácter remunerativo y bonificable, incluyendo la plena incorporación de sumas no remunerativas.
• Convocatoria obligatoria a paritaria nacional, con actualización mensual no inferior a la inflación.
• Revisión y fortalecimiento de programas de becas estratégicas y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.