El debate entre la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), eclipsa el plan que el Gobierno impulsa. Una reforma que tendrá un profundo impacto en la democracia argentina: la modificación de las leyes que regulan cómo se financian los partidos y las campañas electorales.

Subido a la ola privatizadora, el oficialismo pretende eliminar todo el aporte estatal para las campañas electorales y elevar significativamente los límites fijados para el financiamiento privado. Se trata de un cambio de paradigma que aumenta sin precedentes la influencia del poder económico en la vida política, en un contexto mundial en el que figuras como Elon Musk y otros representantes del poder económico intervienen sin pudor en los procesos democráticos occidentales.

Apenas asumió, Javier Milei envió en su primera versión de la denominada “Ley Bases” una extensa reforma política y electoral. Entre los cientos de artículos que incluía ese megaproyecto, se proponía eliminar las PASO, modificar el financiamiento de la política y, también, cambiar el sistema de partidos.

El único tema que tenía un cierto grado de consenso era este último punto, que buscaba reordenar el sistema de partidos reduciendo su cantidad tanto a nivel nacional como subnacional, mediante requisitos más exigentes para su creación y su permanencia, entre otras cuestiones. 

Así lo hicieron, y otros intentaron, en las últimas elecciones muchos de los candidatos que se sumaron a la lista de Javier Milei, que si podían solventar su campaña y apoyar al actual presidente, obtenian un lugar como candidato a algún puesto de funcionario.