"Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno", dijo ayer Milo J en su cuenta de Instagram después de comunicar la suspensión del show gratuito en la ex ESMA por una medida cautelar impulsada por el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. 

Con un operativo de seguridad exageradamente desmedido, que involucró a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, para amedrentar a adolescentes con un promedio de 15 años, la administración libertaria insistió en su política de vaciar la memoria. Los organismos de derechos humanos denunciaron censura e indicaron que, al contrario de los que sostuvo la jueza María Alejandra Biotti, “todo estaba en regla”.

Además, la mamá y manager del cantante, Aldana Ríos, afirmó que los extorsionaron para dar de baja el espectáculo. “Nos dijeron que si no suspendíamos iban a reprimir a todos los chicos que estaban esperando”, dijo. Horas antes, habían quitado la gigantografía que muestra el momento en que Néstor Kirchner ordena que se retire el cuadro de Videla en el Colegio Militar.

La estrategia de Baños y Cúneo Libarona fue usar la Ley N° 26.415 que ratifica la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, un organismo autónomo que es gestionado por tres actores: el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. 

Según la presentación, el Estado no fue notificado sobre el evento y eso implicaba riesgos en materia de seguridad y salubridad. “Debe elaborarse un programa de evacuación adecuado, disponerse puestos de hidratación y sanitarios suficientes”, indicaron en el escrito. Sin embargo, desde el directorio del ente confirmaron que todo estaba en regla.

 

 

 

 

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